Cuánto cuesta y cuánto tarda la Ley de Segunda Oportunidad

Por el equipo editorial de Deudas con Orden
Publicado el 26 de agosto de 2026 · Revisado el 26 de agosto de 2026

La Ley de Segunda Oportunidad no tiene un precio ni una duración únicos. El procedimiento depende del volumen de deuda, el patrimonio, la existencia de vivienda o avales, el número de acreedores, la documentación disponible y si alguien se opone a la exoneración.

Antes de contratar un servicio conviene separar tres cuestiones: qué profesionales son necesarios, qué gastos pueden aparecer y qué actuaciones están realmente incluidas en el presupuesto.

¿Existe una tarifa oficial?

No existe una tarifa nacional cerrada para tramitar todos los casos. Los honorarios profesionales se acuerdan con el cliente y deben corresponder al trabajo previsto. Una persona sin bienes y con documentación ordenada no presenta la misma complejidad que un autónomo con empleados, activos, litigios o deudas avaladas.

Gastos que pueden intervenir

Abogado y procurador

El concurso ante el juzgado mercantil requiere asistencia y representación procesal en los términos legales. El presupuesto debe indicar si incluye la preparación del concurso, la solicitud de exoneración, posibles incidencias, recursos y seguimiento hasta la resolución firme.

Administrador concursal

No interviene de la misma forma en todos los procedimientos. Cuando sea designado, su retribución se rige por las normas concursales y por las circunstancias del expediente. Pregunta expresamente si puede existir este coste y cómo se calcularía.

Informes, registros y documentación

Pueden surgir gastos por certificados, notas registrales, tasaciones, poderes o copias. Muchos documentos se obtienen gratuitamente en sedes electrónicas, pero otros pueden generar costes.

Asistencia jurídica gratuita

Quien acredite insuficiencia de recursos puede solicitar justicia gratuita. Su reconocimiento puede cubrir, entre otras prestaciones, abogado, procurador y determinados gastos. No se concede automáticamente por tener deudas: debe tramitarse y cumplir los requisitos.

Qué debe incluir un presupuesto claro

Revisión inicial de requisitos y causas de exclusión.
Inventario de bienes, ingresos, contratos y acreedores.
Preparación y presentación del concurso.
Solicitud de exoneración con liquidación o con plan de pagos.
Respuesta a requerimientos ordinarios.
Tratamiento de posibles oposiciones o incidentes.
Procurador y administrador concursal: incluidos o separados.
Impuestos y suplidos.
Forma de pago, hitos y consecuencias de desistir.

Antes de comparar ofertas, reúne los documentos para la Ley de Segunda Oportunidad. Un presupuesto barato puede dejar fuera actuaciones esenciales; uno más alto no garantiza por sí solo un mejor resultado.

¿Cuánto puede tardar?

La ley fija plazos para actuaciones concretas, pero no garantiza que todos los concursos terminen en un número idéntico de meses. La carga del juzgado y las incidencias reales influyen en la duración.

Casos sin bienes o con patrimonio muy limitado

Cuando no existen bienes que liquidar y la información es completa, la tramitación puede ser más sencilla. Aun así, el juzgado debe revisar el concurso y la solicitud de exoneración, dar los traslados correspondientes y resolver.

Casos con liquidación

Si existen bienes realizables, la localización, valoración y venta pueden alargar el procedimiento. También debe analizarse qué ocurre con garantías, hipotecas, cotitularidades y bienes necesarios para la actividad.

Exoneración mediante plan de pagos

El plan de pagos es una vía para obtener la exoneración sin liquidar necesariamente todo el patrimonio. Su duración ordinaria es de tres años y puede llegar a cinco años en determinados supuestos previstos en la Ley Concursal. No debe confundirse el tiempo de tramitación judicial con el periodo posterior de cumplimiento del plan.

Oposición de acreedores

Una oposición por falta de requisitos, ocultación de bienes, información incompleta u otra causa legal puede abrir un incidente y aumentar plazos y costes. La transparencia documental desde el inicio reduce riesgos evitables.

Factores que suelen retrasar el expediente

Omitir acreedores o proporcionar direcciones incorrectas.
No justificar ingresos, gastos o titularidades.
Desconocer avales y procedimientos de ejecución activos.
Presentar documentos caducados o contradictorios.
Elegir una estrategia sin analizar vivienda y patrimonio.
No responder a tiempo a un requerimiento judicial.
Discutir la buena fe o la inclusión de determinados créditos.

Qué preguntar antes de contratar

¿Han revisado si cumplo los requisitos y si existe alguna exclusión?
¿Qué vía proponen: liquidación o plan de pagos, y por qué?
¿Qué gastos están incluidos y cuáles podrían aparecer después?
¿Quién llevará personalmente el expediente?
¿Cómo informarán de cada hito y requerimiento?
¿Qué ocurre con Hacienda, Seguridad Social, alimentos, multas y créditos garantizados?
¿Qué resultado no pueden garantizar?

Revisa también los requisitos de la Segunda Oportunidad y cómo influyen los antecedentes y sanciones.

Una estimación responsable

La mejor estimación no consiste en prometer una cifra cerrada, sino en explicar el itinerario probable, sus hitos, costes incluidos, variables y riesgos. Exige una hoja de encargo comprensible y conserva copia de la documentación entregada.

¿Quieres ordenar tu caso antes de pedir presupuesto? Utiliza el orientador de Deudas con Orden y visita el hub de Ley de Segunda Oportunidad.

Fuentes oficiales

Información general. Los costes, plazos y resultados dependen del expediente y del juzgado; no sustituye una evaluación jurídica individualizada.